Con el consentimiento de los numerosos miembros de su familia, Vanessa Alenier asumió la custodia de un bebé del que empleados de bienestar infantil se habían hecho cargo. Alenier le preparó una habitación amarilla en su casa, con una cuna de madera clara, una alfombra a rayas azules y un carrusel. Cuando solicitó al Estado autorización para adoptarlo, el formulario tenía una pregunta simple.
¿Es usted homosexual?
Alenier, de 34 años, dijo que no quería comenzar sus obligaciones de madre diciendo mentiras y afirmó que sí, que era lesbiana, a pesar de una ley estatal de hace 33 años que prohíbe que los gay y las lesbianas adopten menores.
Anteriormente este mes –mientras un tribunal de apelaciones de Miami determinaba la constitucionalidad de la polémica prohibición– una jueza de Miami aprobó la adopción del niño, que ahora tiene un año. La decisión de María Sampedro-Iglesia, jueza de Circuito de Miami-Dade, es la tercera adopción por una pareja del mismo sexo en los últimos 12 meses.
El fallo de Sampedro-Iglesia, mientras la ley de 1977 permanece en el limbo, sugiere que algunos jueces estatales ya han decidido qué hacer sobre la adopción por parte de una persona o una pareja homosexual, un espinoso problema político en un Estado que tiene una notable tradición de conservadurismo social.
“No hay una relación racional entre la orientación sexual de una persona y qué es mejor para el menor”, escribió Sampedro-Iglesia en su fallo, del cual The Miami Herald obtuvo una copia. “El niño está feliz y encantado con [Alenier]. La única forma en darle a este menor un hogar permanente es permitir que ella lo adopte”.
En su decisión, Sampedro-Iglesia declaró que la ley de la Florida sobre la adopción era “inconstitucional nominalmente”.
Para Alenier, que comparte una casa cerca del centro de Hollywood con su compañera de varios años, Melanie León, la decisión convirtió en algo formal lo que ella sabía que tenía: una familia.
“Las dos sabíamos que queríamos ser padres”, dijo Alenier. “El niño pertenecía a la familia. No podíamos negarnos. Queríamos con mucha fuerza tener una familia”.
“Es lo más extraordinario que nos ha ocurrido’, dijo Alenier. “Cambió nuestras vidas”.
Autoridades del Departamento de Niños y Familias (DCF) de la Florida, que objetaron la adopción, no han decidido si apelarán el fallo de la jueza.
“Estamos revisando la orden de la jueza y decidiremos qué hacer en un plazo de 30 días”, dijo Joe Follick, portavoz del DCF.
Mathew Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, con sede en Orlando, calificó la decisión de Sampedro-Iglesia de una “prueba de activismo judicial” que infringe las leyes estatales.
“Un juez no es la Legislatura”, dijo Staver. “Los jueces no tienen la capacidad para escribir leyes como les parezca. Tienen que seguir el curso de la ley y esta jueza no lo hizo”.
Sin embargo, Laurence Tribe, experto constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Harvard, dijo que el fallo de la jueza demuestra que “tomó con gran seriedad el juramento que hizo de respetar la Constitución de Estados Unidos”.
“Un juez debe poner su deber para con la Constitución por encima de una ley que es claramente inconstitucional”, dijo Tribe.
Un juez de Cayo Hueso, el juez de Circuito de Monroe David J. Audlin, propinó el primer golpe a la ley el 29 de agosto del 2008 cuando firmó una orden de 67 páginas donde declaraba que la ley era inconstitucional. La orden de Audlin allanó el camino al abogado de Cayo Hueso Wayne LaRue Smith para adoptar un niño que estaba criando.
Ni el DCF ni el Procurador General de la Florida, Bill McCollum, apelaron la decisión de Audlin. Como el pequeño ya había pasado de estar en cuidados temporales a una custodia permanente en el momento de la adopción, dijeron que ya no tenían jurisdicción.
Un mes después, la jueza de Circuito de Miami-Dade Cindy Lederman aprobó la adopción de dos medio hermanos por un padre adoptivo de North Miami, Frank Martin Gill, que declaró en su solicitud de adopción que era gay. El DCF dijo que apeló la decisión de Lederman.
