Portugal legaliza el matrimonio del homosexual
Los gays y lesbianas portugueses ya se pueden casar. Sus uniones, al igual que en nuestro país, se denominarán «matrimonio» y se les reconocerán los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Excepto uno: no podrán adoptar niños. Así lo acordó ayer el Parlamento del país vecino, al aprobar, con la mayoría de los votos de los partidos de izquierdas, una propuesta para equiparar estas uniones a cualquier matrimonio.
Y fue la mayoría, y no todos los votos, porque, a diferencia de lo ocurrido en España, cuando se aprobó la misma norma, en 2005, el centro-izquierda portugués dio libertad de voto a sus diputados. Como resultado, siete parlamentarios del Partido Social Demócrata se abstuvieron y dos diputadas del Partido Socialista votaron en contra del proyecto de su propia formación.
En lo que no hubo acuerdo fue en el punto referido a la adopción. A diferencia de lo ocurrido en nuestro país, en Portugal los gays no podrán adoptar. Ésta fue una de las tres propuestas que la Cámara rechazó: la presentada por los Verdes y del Bloco de Esquerda para que se admitieran las adopciones por parejas homosexuales. Tampoco prosperó la que defendía la celebración de un referéndum sobre la materia (presentada por más de 90.000 personas) y una propuesta de los conservadores del PSD en favor de una nueva unión civil que no se denominase matrimonio.
«Un momento histórico»
Portugal se convirtió ayer, de este modo, en el sexto país europeo que equipara a las uniones de parejas del mismo sexo con los matrimonios, tras Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega y España. El primer ministro, el socialista José Sócrates, calificó el día de ayer de «momento histórico» en el «combate contra la discriminación y la injusticia en la sociedad lusa». «Hemos hecho lo que cualquier humanista debe hacer, combatir las injusticias de los otros como si fuesen contra nosotros», afirmó.
Por su parte, la oposición, representada por el PSD, no descarta recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional, como ya hiciera el PP en España, informó ayer el «Diário de Notícias». Sin embargo, el presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva, ha renunciado hasta ahora a ejercer su derecho de veto. Dice que su atención está en «otros problemas del país» y que no hará nada «que provoque fracturas» en la sociedad. Pese a ello, tiene un plazo de 40 días en los que podría dar marcha atrás a la ley.
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